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Luego de que en febrero pasado se notificara a las partes implicadas en el caso "Clarín", el cierre del arbitraje en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), hoy se conoció finalmente el fallo que obliga al Estado de Chile a pagar 16 millones de dólares a Víctor Pey y a la fundación española Salvador Allende.
El Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, analizó la demanda interpuesta por Pey -amigo personal del ex Presidente Salvador Allende-, quien se declaró como propietario del periódico "Clarín", confiscado por el régimen militar y demandó en 1997 al Estado de Chile por US$ 515 millones.
El fallo obliga a Chile a pagar 10 millones de dólares y también intereses desde abril de 2002, más los gastos del demandante en el CIADI y en su equipo jurídico, que encabeza Joan Garcés, quien dirige la fundación española Salvador Allende y fue asesor de Allende durante la Unidad Popular.
Cabe destacar que hasta 2002, el Estado de Chile era representado por el abogado Roberto Mayorga, quien siempre alegó la incompetencia del CIADI para conocer de la causa.
El argumento de Mayorga era que el centro internacional sólo falla temas de inversión extranjera, y el "Clarín" no se consideraba como tal, pues aunque Pey tenía nacionalidad española, también gozaba de la chilena.
Además, el Estado, cuyo equipo de defensa es coordinado ahora por Jorge Carey, asegura que ya pagó la indemnización correspondiente, cerca de U$10 millones, a los familiares de Darío Saint-Marie, fundador del periódico.
Los beneficiados se ampararon en la ley de reparación de 1998 (19.568), pero Pey no quiso hacer el reclamo por esa vía, porque le impedía cobrar daño moral y lucro cesante y recurrir adicionalmente a cualquier instancia arbitral.
Por otra parte, Víctor Pey asegura que Saint Marie, le vendió las acciones del periódico, hecho que aún no podido ser establecido por la justicia.
En esa línea, Pey no sólo solicitó la indemnización por la confiscación de su propiedad, sino también por el concepto de "lucro cesante", es decir, por el dinero que dejó de recibir como consecuencia de la confiscación del periódico.
Luego de que en febrero pasado se notificara a las partes implicadas en el caso "Clarín", el cierre del arbitraje en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), hoy se conoció finalmente el fallo que obliga al Estado de Chile a pagar 16 millones de dólares a Víctor Pey y a la fundación española Salvador Allende.
El Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, analizó la demanda interpuesta por Pey -amigo personal del ex Presidente Salvador Allende-, quien se declaró como propietario del periódico "Clarín", confiscado por el régimen militar y demandó en 1997 al Estado de Chile por US$ 515 millones.
El fallo obliga a Chile a pagar 10 millones de dólares y también intereses desde abril de 2002, más los gastos del demandante en el CIADI y en su equipo jurídico, que encabeza Joan Garcés, quien dirige la fundación española Salvador Allende y fue asesor de Allende durante la Unidad Popular.
Cabe destacar que hasta 2002, el Estado de Chile era representado por el abogado Roberto Mayorga, quien siempre alegó la incompetencia del CIADI para conocer de la causa.
El argumento de Mayorga era que el centro internacional sólo falla temas de inversión extranjera, y el "Clarín" no se consideraba como tal, pues aunque Pey tenía nacionalidad española, también gozaba de la chilena.
Además, el Estado, cuyo equipo de defensa es coordinado ahora por Jorge Carey, asegura que ya pagó la indemnización correspondiente, cerca de U$10 millones, a los familiares de Darío Saint-Marie, fundador del periódico.
Los beneficiados se ampararon en la ley de reparación de 1998 (19.568), pero Pey no quiso hacer el reclamo por esa vía, porque le impedía cobrar daño moral y lucro cesante y recurrir adicionalmente a cualquier instancia arbitral.
Por otra parte, Víctor Pey asegura que Saint Marie, le vendió las acciones del periódico, hecho que aún no podido ser establecido por la justicia.
En esa línea, Pey no sólo solicitó la indemnización por la confiscación de su propiedad, sino también por el concepto de "lucro cesante", es decir, por el dinero que dejó de recibir como consecuencia de la confiscación del periódico.
Su muerte en Madrid el 16 de febrero de 1982, no fue noticia en Chile. Veintiséis años más tarde, su testamento hasta ahora secreto y la misteriosa desaparición de las Memorias que Darío Sainte Marie escribía al momento de su muerte, son rescatados por CIPER en la víspera del fallo del CIADI que zanjará la millonaria indemnización por la expropiación de su máxima creación, el diario Clarín, el de mayor circulación en Chile hasta el golpe de Estado. La polémica repartición de sus bienes españoles -entre ellos seis departamentos en Marbella y Madrid avaluados hoy en unos 3 millones 200 mil euros- también incluía el mandato sobre dos cartas manuscritas de Allende a Volpone, las que Sainte Marie pidió que fuesen entregadas a Fidel Castro. Vea los documentos del testamento de Volpone
Por Francisca Skoknic, CIPER
El 16 de abril de 1984, en una céntrica calle de Madrid, el notario español Domingo Irurzun Goicoa dio por fin el acuerdo para la repartición de los bienes de Darío Sainte Marie, según lo estipuló en su testamento que CIPER revela hoy a sus lectores. Habían transcurrido más de dos años desde su muerte, un intervalo en el que se sucedieron múltiples rencillas y polémicas y un misterioso hecho: la desaparición de las hasta ahora desconocidas Memorias que Volpone escribió hasta sus últimos días, así como de todos sus libros, correspondencia y manuscritos, los que guardaba en su departamento madrileño.
La decisión final sobre la repartición de sus bienes la había legalizado ante el notario madrileño Francisco Javier Monedero Gil el 28 de marzo de 1979, siete años después de que llegara abrumado a un Madrid aún dominado por Franco. Siete años en los que muchas cosas habían cambiado, empezando por la separación con su esposa, Carmen Kaiser. Pero no sólo eso. En uno de sus anteriores testamentos, aparecen como albaceas Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva. Y en otro, nombra como abogado partidor de la sociedad conyugal a Carlos Altamirano Orrego. Pero lo más importante fue siempre quién se quedaba como custodio de sus hijos.
En el testamento que hizo en 1979 –obtenido por el periodista John Dinges, codirector de CIPER, tras una solicitud de información oficial-, y con el que invalidó todos los anteriores, no hay políticos. La albacea que eligió fue la abogada Aranzazu de Sasía Rodríguez, esposa del periodista Carlos Alberto Cornejo, padrino de su hijo menor, Jean Paul Sainte Marie, e hijo de uno de sus amigos de infancia. Y como administrador, Francisco Carraledo y Peñalver, Paco, un ex policía que trabajó como mayordomo y asistente personal de Volpone en Madrid.
En el documento notarial, Sainte Marie no hace ni una sola mención a Clarín. Para algunos, eso prueba que para entonces reconocía que la venta de su diario a Víctor Pey estaba saldada. En todo caso, tampoco hace referencia a su casa en Reñaca –que su mujer Carmen Kaiser salvó de manos de los militares y traspasó a su nombre- ni a sus residencias en Cajón del Maipo y calle Dieciocho, expropiadas por la dictadura.
Lo extraño de su testamento es la cláusula especial en la que estipula que su amigo Carlos Alberto Cornejo, periodista de Clarín, “entregará a don Fidel Castro las dos cartas manuscritas que dirigió don Salvador Allende al testador, como aporte a la constante histórica del rol que cumplió el diario Clarín durante el largo proceso político que instauró constitucionalmente el gobierno de la Unidad Popular en Chile“.
Lo que sí queda claro es que Darío Sainte Marie recibió en Madrid una gran cantidad de dinero. El testamento madrileño consigna bienes por 24 millones 417 mil 559 pesetas de la época (US$ 168 mil de entonces), lo que equivale a 331 mil euros de hoy (US$ 515 mil). Gran parte del dinero lo tenía invertido en una decena de departamentos ubicados en el corazón de Madrid y en el balneario top de Marbella. Buen ojo para el negocio inmobiliario tenía Volpone: hoy, gracias al boom inmobiliario español, esas propiedades se han valorizado notablemente y una sola vale más que el total del dinero que Volpone invirtió entonces.
Un departamento de 183 metros cuadrados en la planta baja del edificio Edén Roc 1 en Marbella, fue la primera compra inmobiliaria de Sainte Marie en España un año después de dejar Chile. El inmueble, ubicado justo frente al Paseo Marítimo del balneario, tenía dos dormitorios, terraza y estacionamiento.
En mayo de 1975 adquirió los cuatro departamentos donde vivió con sus hijos hasta que murió en 1982. Todos estaban en el sexto piso del edificio Centro Colón de Madrid, cerca del Paseo La Castellana, en el número 16 de la calle del Marqués de la Ensenada. Actualmente, un departamento de 60 m2 en el mismo edificio se vende en 612 mil Euros.
Además de la excelente ubicación, el edificio Colón tiene la gracia de que está muy bien equipado –con restaurante y lavandería-, pues funciona como una suerte de apart hotel. Volpone tenía además un estacionamiento en el mismo edificio.
Por esa misma fecha compró un pequeño estudio de 37 m2, en la calle Otero de Madrid. Un par de años más tarde, en noviembre de 1977, volvió a invertir en Marbella, en dos departamentos de 160 m2 cada uno en el piso 17 del edificio Diana. Ese mismo mes, Volpone compró otros dos departamentos –de 74 m2 y 151 m2- con sus respectivos estacionamientos en el complejo Marbella 2.000, ubicado en la avenida Duque de Ahumada, justo frente al muelle. Hoy, pisos similares están avaluados en 355 mil y 490 mil Euros respectivamente.
Pero no todo eran inversiones inmobiliarias. De acuerdo al testamento, al momento de su muerte tenía varias cuentas en el Banco Hispano Americano de Madrid (hoy Banco Santander) por 744 mil pesetas, 3.436 dólares y 10.746 marcos alemanes, además de un depósito a plazo por 55.272 dólares. En el Banco Español de Crédito de Málaga guardaba 55 mil pesetas y tenía además acciones de Indus S.A. equivalentes a 2,6 millones de pesetas. Y su joyita: un auto Jaguar avaluado en 50 mil pesetas y que manejaba su chofer.
El testamento causó más de un conflicto entre sus herederos. De partida, Volpone quiso excluir a su esposa Carmen Kaiser “por haber contraído dicha señora nuevo matrimonio civil en un país indeterminado de América del Sur, por lo cual no la considera legítima y, a mayor abundancia, la deshereda en todos los derechos que pudieran corresponderle”.
Esta declaración revela el estado en que quedó su relación con Carmen Kaiser tras la separación. Quienes lo frecuentaron en esa época dicen que estaba muy herido, que temía que la derecha aprovechara el que su mujer tuviera otro hombre para atacarlo. Además, la nueva pareja de Kaiser era derechista, camionero y sobrino de la esposa del almirante y miembro de la Junta Militar, José Toribio Merino. Y que por todo eso se fue a España.
Carmen Kaiser desmiente estas versiones y asegura que el quiebre no fue traumático. Afirma que ella viajó en numerosas ocasiones a Madrid y se hospedaba en uno de los departamentos del Centro Colón junto a sus hijos. A veces pelearon, admite, pero luego se arreglaban. Al momento de escribir los protocolos de Estoril, Sainte Marie la incluyó como destinataria de una renta vitalicia que se contempló como una alternativa del acuerdo, pero no se concretó.
Lo cierto es que la cláusula en que Volpone desheredaba a su ex mujer, Carmen Kaiser, no se pudo cumplir. Y ello porque no se acreditó el segundo matrimonio contraído por Kaiser con Tito Rosenkrans. La abogada Aranzazu de Sasía, albacea de Sainte Marie y esposa de Carlos Alberto Cornejo, quienes estuvieron hasta el minuto final junto a Sainte Marie, afirma a CIPER que incluso se pagaron investigaciones privadas para encontrar el certificado del segundo matrimonio de Kaiser. Para ello se contaba con el testimonio de su hija Dorotea, quien aseguró que viajó junto a su madre y su pareja a Uruguay o Paraguay –no recordaba con certeza- donde se realizó el trámite. Pero en ninguno de los dos países fue hallado.
Sí se dejó constancia de que en diciembre de 1975 ambos habían cambiado la figura de sociedad conyugal a separación de bienes.
No fue la única cláusula de la última voluntad de Volpone que no se cumplió: “El testador designa legatario de su correspondencia personal, informes, papeles y libros a don Carlos Alberto Cornejo”. El periodista falleció el 23 de mayo de 2003 en Madrid. Su viuda, Aranzazu de Sasía, relata hoy desde su despacho jurídico en Madrid:
-Cuando murió Darío, pasó algo igual que en la película Zorba el griego: a los pocos días no quedó nada en el departamento en el que murió. Se llevaron todo, hasta los adornos. Nunca supimos qué pasó con sus libros, cartas y documentos. Los documentos nunca aparecieron. Por esa razón, Carlos no pudo cumplir con la cláusula en que Darío le pedía que le entregara a Fidel Castro las dos cartas manuscritas de Salvador Allende.
Entre esos legajos de documentos deberían haber estado sus Memorias. Alberto Jerez asegura: “Creo que alcanzó a escribir 600 páginas…”.
Aranzazu de Sasía revela además que más tarde se logró abrir una caja de seguridad que Volpone dejó en el Banco Hispanoamericano (hoy Santander). “Cuando Darío descubrió en Chile que su mujer tenía otra pareja, le incautó todas las joyas y las depositó en esa caja de seguridad en Madrid. Como albacea fui testigo de su apertura. Las joyas fueron inventariadas y se subastaron en la casa de remates española Durán. Todo se hizo con notarios y con todos los certificados. La familia recibió el producto de la subasta”.
Finalmente, Carmen Kaiser, sus hijos Carmen Dorotea, Carmen Paola, Carmen Verónica y Jean Paul; además de Francoise, la hija de Carlos Darío Sainte Marie Kaiser (muerto en 1990), recibieron parte de la herencia.
El hijo de los Cornejo-De Sasía también fue incluido por Volpone (era su ahijado) como beneficiario de la herencia, así como Francisco Carralero-Peñalver. Los bienes españoles de Sainte Marie fueron repartidos en 1984, pero la posesión efectiva se realizó en Chile un año más tarde en el 2º Juzgado Civil de Santiago. El inventario de bienes inmuebles consideraba una propiedad en Amunátegui del 232 al 256 y la casa de San José de Maipo. Esta última le fue devuelta a su familia por el Ministerio de Bienes Nacionales a través del decreto 174 de 2001, aunque ya la ocupaban desde comienzo de los ‘90.
La familia Sainte Marie también debió compartir estos bienes con Julián Cornejo y la sucesión de Carralero-Peñalver. En diciembre de 2003, los Sainte Marie, a través de la Sociedad Inmobiliaria e inversiones Refugio de Lagunillas, compraron en $26 millones la parte de los herederos españoles de Volpone.
Sin embargo, sus herederos parecen haber sacado poco provecho de la herencia. Carmen Kaiser asegura que por apuros económicos prácticamente “regaló” su parte. “Debía pagar 1 millón de pesetas mensual de administración, ¿y con qué pagaba si no teníamos ni con qué comer? Los vendimos mal para pagar las deudas. Al final, no quedó nada”, asegura.
Vea todos los documentos del testamento de Volpone:
Testamento de Volpone, páginas 1 a 11
Testamento de Volpone, páginas 12 a 13
Testamento de Volpone, páginas 14 a 20
Testamento de Volpone, páginas 21 a 31
Testamento de Volpone, páginas 32 a 42
Testamento de Volpone, páginas 43 a 53
Testamento de Volpone, páginas 54 a 58
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No más allá de diciembre. Ese es el plazo que estima el gobierno para conocer el dictamen de la demanda por US$ 515 millones interpuesta contra Chile hace una década por la confiscación del popular periódico. Para esa fecha se preparan para el escenariomás negativo: la derrota. Así lo evidenció esta semana el abogado de Chile Jorge Carey.
La razón del pesimismo: politización del caso y un tribunal adverso.
A casi 10 años desde que Víctor Pey -quien fue un cercano asesor de Salvador Allende- demandara al Estado de Chile por la confiscación del popular diario en el gobierno militar, en La Moneda hay preocupación, porque el dictamen le sea adverso.
La alarma más pública la dio esta semana el abogado chileno Jorge Carey, quien pro bono trabaja en el caso desde que en 2002 Ricardo Lagos le pidiera su ayuda. En la última edición de revista Qué Pasa, Carey declara:
“Hay un alto riesgo de perder el juicio del Clarín”. El abogado basa su pesimismo en un borrador que conoció en noviembre de 2006, en el que “la sentencia preliminar era adversa para Chile”.
Agrega que los demandantes -Pey y el abogado español Joan Garcés, presidente de la Fundación Allende-, han logrado politizar el caso.
Década en litigio
Fue en abril de 1998 que el Ciadi registró la demanda por US$ 515 millones interpuesta por Garcés -a cuya fundación Pey le traspasó el 90% de sus derechos sobre el periódico que a principios de los 70 era de los más leídos en el país. Así comenzó el caso más antiguo que registra el tribunal, donde de las 115 causas pendientes a esta semana, la del Clarín es la N°1 y la única que se remonta a los 90.
En términos simples, los argumentos de Pey son que él compró el diario a Darío Sainte-Marie -fundador del periódico en los 50 y conocido por el seudónimo “Volpone”- en 1972 en US$ 1,2 millón. De hecho, los títulos de las acciones fueron requisadas de su caja fuerte por agentes del Estado tras el golpe militar. Otro argumento de Pey, quien llegó a Chile en 1939 desde España, es que la juntamilitar le quitó la nacionalidad chilena y, por lo tanto, como español puede recurrir al tribunal del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre estados e inversionistas extranjeros.
La defensa de Chile esgrime exactamente lo contrario. “No está acreditado que las acciones hayan sido transferidas o adquiridas por el señor Pey”, dice Alejandro Ferreiro,ministro de Economía. El titular de la cartera responsable del caso dice que si bien Pey tenía las acciones en su poder, “en el derecho chileno la transferencia de acciones se materializa sólo a través de la inscripción de éstas en el registro de propiedad y en los de Clarín no se encuentra nunca una transferencia a favor del señor Pey”. De hecho, en 1999 el Estado pagó US$ 9 millones a quienes aparecían en los registros (y a sus herederos).
Ahí estaba Sainte-Marie, Emilio González, Ramón Carrasco y Jorge Venegas. Pey ha sostenido que tras comprar a Sainte-Marie, él buscó al resto de los mencionados para asociarse, pero que ello no se concretó.
La indemnización de 1999 no estuvo exenta de polémica, pues un abogado de los familiares se habría beneficiado con información privilegiada.
Si Pey fue testaferro de Allende, si éste amenazó a Volpone de muerte para que le traspasara el diario al amigo de ambos -como relata Román Alegría en el libro Entre dos generales-, es algo en lo que ninguna de las partes ahonda.
El otro argumento del Estado es que Pey es chileno. “El se acogió al tratado de doble nacionalidad en 1958, ha votado en las elecciones invocando su condición de chileno (tras volver a Chile) se inscribió en los registros electorales como chileno”, agrega Ferreiro. Si Pey es chileno, el Ciadi no tendría competencia para ver su caso, remarca.
Y ahí está el problema para Chile.
En 2002 el tribunal definió que vería de manera conjunta el fondo y la jurisdicción.
“En ese momento se perdió el caso”, sentencia el abogado Roberto Mayorga, quien renunció a la defensa cuando no se le permitió apelar esa decisión. Según Mayorga, en 1998 se había acordado en el tribunal que primero se definiría la competencia, pero cambió la composición de los árbitros y con la llegada del nuevo presidente -Pierre Lalive-, también el criterio.
Las señales
Ninguna autoridad se atreve a poner fecha al dictamen. Ferreiro espera que “después de la audiencia de París -del 15 y 16 de enero- esta cuestión se resuelva en las próximas semanas o meses”.Hay coincidencia en que la disputa no pasa de diciembre.
Según un personero informado del caso, “hay preocupación en el gobierno por un fallo adverso” y por eso se prepara una estrategia “preventiva”.
Si Pey logra su objetivo -aunque consiga menos de US$ 515 millones-, preven efectos políticos: lo primero, es
que la Concertación se podría desordenar.
Hay sectores de la DC que estiman que el gobierno no ha hecho todo lo necesario para ganar el juicio.
En ese partido, dicen en el gobierno, preocupa que Pey, quien ya tiene 91 años, concrete su objetivo declarado de que ocupará el dinero para relanzar el periódico.
La señal más evidente para que el fallo sea adverso es la composición del tribunal donde Chile no tiene jueces a su favor. Este tribunal opera con tres árbitros: uno nombrado por los demandantes, otro por los demandados y el presidente asignado por el Banco Mundial. Así era cuando se conformó. Pero en nueve años hubo varias recusaciones.
La última fue la peor para los intereses de Chile. En medio de una batahola con acusaciones cruzadas de filtración de borradores, Chile recusó a todo el tribunal.
Cuento corto: el Ciadi ratificó al presidente Pierre Lalive -quien aparecía en uno de los borradores contra Chile-, Garcés y Pey nombraron a otro argelino (Mohammed Chemloul) y Chile no pudo nombrar el suyo. Fue el Ciadi quien designó a Emmanuel Gaillard, pese a que Chile presentó “observaciones” en su contra.
