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Salvador Allende es el único político chileno que ha alcanzado la estatura de figura histórica universal.
Sólo él llegó a incidir en la vida de millones de seres humanos en todo el planeta. Precisamente por eso, el traidor Pinochet adquirió asimismo la talla de villano universal. La figura de Allende no simboliza solamente el heroísmo de su sacrificio en La Moneda, leal a su pueblo hasta el final como había prometido. Ese instante sublime fue la culminación de toda una vida a lo largo de la cual nadie mejor que él encarnó el gran proyecto que logró modernizar a Chile.
La tragedia de Allende costó caro.
No solamente la instauración en el poder de una camarilla de criminales corruptos que, azuzados por una canalla dorada rezumando odio revanchista, cometieron toda suerte de desmanes y delitos de lesa humanidad. Significó asimismo la imposición de la versión más extremista, despiadada, destructiva y dañina, de la segunda estrategia que casi todos los países subdesarrollados adoptarían hacia fines del siglo, en el marco de un retroceso general de mareas a nivel mundial. Las consecuencias de todo aquello todavía se hacen sentir. Un tercio de siglo después de su muerte, finalmente, parecen deshilvanarse los amarres de un proceso de transición a la democracia que ha durado más que la dictadura que vino a reemplazar. América Latina está experimentando un viraje inequívoco, mientras en el mundo parece apreciarse un nuevo cambio de corrientes en un sentido más favorable.
Por todo ello, la figura de Salvador Allende y todo lo que representa adquieren hoy una vigencia renovada. Son los suyos los grandes ideales que deberán guiar los pasos que permitan a Chile integrarse leal y plenamente con sus
vecinos y hermanos en la construcción de la que será una de las grandes potencias del siglo que se inicia.
Sin embargo, una que se construya para asegurar antes que nada la paz, la democracia y el bienestar a sus
pueblos.
Líder de la gran modernización de Chile a lo largo de medio siglo
El gobierno de la Allende no cayó del cielo. La Unidad Popular fue la expresión más elevada de sucesivas
alianzas establecidas en torno a las fuerzas y personalidades más progresistas y consistentemente
democráticas del país, surgidas mayoritariamente del seno del pueblo trabajador así como de los sectores
medios. Apoyadas en la organización y movilización popular - no pocas veces en masivas protestas callejeras
- pero participando asimismo activamente en la vida política democrática, alianzas similares habían venido
impulsando cada uno de los extraordinarios avances logrados a lo largo de buena parte del siglo.
Ocasionalmente, participaron de los gobiernos más progresistas, mientras en otros casos apoyaron sus
propuestas de cambio desde el parlamento. En más de una ocasión, se cruzaron frente a intentos de las
fuerzas más conservadoras de derrocarlos por la fuerza. Sin embargo, sólo lograron encabezarlos con
Allende. Apoyado en una participación política popular masiva y notablemente organizada que alcanzó
caracteres de revolución hecha y derecha, pero respetando asimismo de modo bien escrupuloso la legalidad
democrática, su obra vino a coronar el proceso de modernización dirigido por el Estado que venía cursando
desde mucho antes.
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 destruyó no sólo un gobierno, sino un régimen que había nacido casi exactamente medio siglo antes, el 11 de septiembre de 1924 ¡mediante otro golpe militar!
En aquel momento político excepcional, como destaca la historiadora María Angélica Illanes, en las secuelas de la Primera Guerra y la Revolución Rusa y en medio de una importante agitación social, una alianza entre militares y un grupo de preclaros profesionales se proponen reformar el carácter del Estado que había predominado hasta entonces y que usualmente se denomina oligárquico - liberal. Establecen el Estado de Asistencia Social, como lo denomina explícitamente el proyecto que el Dr. Alejandro del Río – en su mayoría eran médicos - presentó a la Junta militar. Justificaba su necesidad señalando que la falta de una población sana era un obstáculo tanto para la defensa nacional como para la producción de riquezas. Décadas más tarde, Raúl Prebisch argumentaría desde CEPAL a favor del proyecto desarrollista más o menos con las mismas ideas.
Aparte del invaluable legado de una temprana independencia, el Estado Chileno había asumido antes algunas
significativas tareas de desarrollo, especialmente a partir de los gobiernos de Santa María (1881-1896) y
Balmaceda (1886-1891). Su mayor expresión fueron los ferrocarriles, que ya en 1907 lograron unir el
territorio desde Arica a Puerto Montt, completando así una verdadera proeza de ingeniería. Asimismo,
hicieron algunos avances en educación, incluyendo la fundación de la Universidad de Chile y el Instituto
Nacional. Ese período conforma, por así decirlo, la prehistoria del desarrollismo (Illanes – Riesco 2007).
Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, sus instituciones fundamentales fueron creadas a partir del primer
gobierno de Ibáñez (1925 - 1931). El listado de algunas de las fundadas en esos años da cuenta de la
magnitud de sus realizaciones en este sentido: Banco Central, Fuerza Aérea, Línea Aérea Nacional, Cuerpo
de Carabineros, Tesorería General de la República, Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas,
Superintendencia del Salitre y Yodo, Contraloría General de la República, Caja de Crédito Minero, Caja de
Crédito Agrícola, Instituto de Crédito Industrial, Caja de Fomento Carbonífero, Junta de Exportación
Agrícola, Caja de Colonización y Ministerio de Agricultura.
En 1924, se creó el Ministerio Social, inicialmente a cargo del Dr. del Río, que incluía Salud, Asistencia
Social, Previsión Social y Trabajo. La Caja del Seguro Obrero Obligatorio, institución semi - autónoma iba a
manejar las contribuciones de la seguridad social. Éstas fueron fijadas en 6% de los salarios, y eran aportadas
por los empleadores (3%), los obreros (2%) y el Estado (1%). Adicionalmente, se creó la Escuela de Servicio
Social, la que iba a formar un servicio público civil profesional, en esta área.
La política educacional fue convertida en la preocupación central del nuevo Estado Asistencial. El Ministerio de Educación fue creado en 1927 y se inició una reforma que enfatizaba la disciplina en los valores nacionales de la “raza, la patria y la nación.” La salubridad y nutrición de los pupilos en las escuelas públicas se encargó a los inspectores escolares. La importancia asignada a la educación se evidencia en el fuerte incremento del gasto público en educación primaria, secundaria y especialmente universitaria.
En su conjunto, el gasto educacional se multiplicó 2.5 veces y el gasto social se triplicó, en el curso del ciclo económico 1918 – 1929. El analfabetismo, hasta entonces masivo, empezó a reducirse y la matrícula escolar se expandió. La Universidad de Chile recibió asimismo un fuerte impulso. El gasto público social en su conjunto se triplicó en el curso del ciclo económico 1918 – 1929 (Illanes – Riesco 2007).
Ibáñez gobernó con manu militari, imponiendo todas estas medidas contra la oposición de la oligarquía agraria y aún la resistencia inicial del movimiento obrero. Como recuerda María Angélica Illanes, este último consideraba por entonces que las nuevas políticas sociales del Estado podían erosionar su propio rol en asistencia social y amenazar su independencia de clase. En su libro “Los Comunistas y a Democracia,” Luis Corvalán (2008) no lo trata con ninguna simpatía.
Por el contrario, hace presente que “la dictadura de Ibáñez persiguió a miembros de todos los partidos no incondicionales suyos y montó a su alrededor una red de soplones. Aplicó una política que llamó de ‘termocauterio arriba y abajo’.
El Partido Comunista fue puesto al margen de la ley, sus periódicos clausurados, sus dirigentes encarcelados, relegados, torturados y varios asesinados. Fueron perseguidos la Federación Obrera de Chile FOCH y la Asociación general de Profesores de Chile.”
Sin embargo, parece significativo que la Historia del Partido Comunista de Chile (2000) consigna que la dictadura de Ibáñez, junto a los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende, más adelante, fueron los únicos gobiernos del siglo XX que no ejecutaron masacres obreras.
En lo que constituye una trágica ironía, más de 25 personas fueron asesinadas en varios episodios represivos ocurridos durante el segundo gobierno de Ibáñez (1952 - 1958), al cual accedió elegido por una abrumadora mayoría de votos.
El proyecto desarrollista se desarrollaría más plenamente a partir de la Gran Depresión. Como es sabido, la
dictadura de Ibánez fue derribada en 1931, amplias protestas populares en el medio de la crisis. Le sucedió
un breve período de anarquía que incluyó la instauración, el 4 de Junio de 1932, de la República Socialista
presidida por Marmaduque Grove. Duró 12 días, pero alcanzó dictar decretos leyes que más tarde utilizarían
los gobiernos siguientes, incluido el de Allende, para controlar precios e intervenir empresas. Sin embargo, a
partir del segundo gobierno de Alessandri Palma (1932-1938), el período desarrollista en Chile sería
presidido por sucesivos gobiernos democráticos.
Algunos, bien hasta por ahí no más, como el de González Videla (1946-1952), "el traidor de Chile", como lo llamó Pablo Neruda. Puso fuera de la ley al Partido Comunista que hasta entonces tenía ministros en su gobierno, relegó a varios de sus principales dirigentes a Pisagua y mandó al exilio al propio senador Neruda, entre otras barbaridades. Los hubo de todos los colores políticos. Liberal, el ya mencionado segundo período de Alessandri Palma, del Frente Popular (1938-1946) dirigido por los radicales y en los cuales participaron socialistas y comunistas en distintos momentos, liberal-conservador-radical, el de Alessandri Rodríguez (1958-1954), demócrata-cristiano el de Frei Montalva (1964-1970), y de Unidad Popular presidido por Salvador Allende (1970-1973). Aparte de los dos gobiernos de Ibáñez y el de González Videla, ya mencionados.
Las fuerzas políticas que los sustentaron representaron de algún modo a todos los sectores sociales.
Conformaron diferentes alianzas y coaliciones entre sí, las que se sucedieron tanto en el gobierno como en la
oposición, y se enfrentaron constante y duramente unas con otras. Por lo mismo, los gobiernos que
encabezaron fueron, por cierto, muy diferentes unos de otros. Mal podría pensarse que fueron todos iguales,
en modo alguno. Muy poco tiene que ver el carácter francamente progresista de los gobiernos de Aguirre
Cerda, Ríos y Frei, o el gobierno revolucionario de Allende, con los de Alessandri padre e hijo, por ejemplo.
Sin embargo, a pesar de sus grandes diferencias, cual más cual menos, todos adhirieron al ideario
desarrollista y asumieron la consigna central del progreso, en sus dos dimensiones, económico y social.
Todos asumieron, por una parte, las construcciones económicas que capitalistas y obreros habían generado en
los países más avanzados, y que los terratenientes y campesinos que predominaban en Chile no eran capaces
de reproducir.
Por otra parte, se propusieron criar en el país actores como aquellos.
Miembros del ya referido grupo de médicos y otros profesionales de acendrado espíritu de servicio público
participaron de algún modo en todos estos gobiernos. Su figura más destacada, tuvo su bautismo de fuego en
los combates que culminaron con la caída de la dictadura de Ibáñez en 1931, en los que participó activamente
como dirigente de los estudiantes de medicina y la FECH, y del Partido Socialista, que se fundó en esos días.
Su nombre era Salvador Allende.
En el marco de la lucha mundial contra el fascismo emergente y la guerra civil en España, las fuerzas
populares chilenas lograron la formación de un Frente Popular que logró elegir presidente a Pedro Aguirre
Cerda en 1938. El joven Allende asumió como ministro de salud y en esa época publicó su importante libro
"La Salud Pública en Chile,” 1 un verdadero programa que pusieron en práctica los sucesivos gobiernos.
Allende sucedió como ministro al Dr. Eduardo Cruz-Coke otro destacado miembro del referido grupo y
ministro de salud de Alessandri Palma (1937-38). En 1950, como recuerda María Angélica Illanes, el Dr.
Mardones Restat, entonces ministro de salud y también miembro del grupo mencionado, presentó al
parlamento la ley que creaba el Servicio Nacional de Salud, proyecto que había sido elaborado una década
antes por el propio Allende como ministro de Aguirre Cerda.
El Dr. Allende, ahora como presidente del Senado, logró la aprobación unánime del parlamento para este
proyecto. Como resultado del mismo, la cobertura del Servicio de Seguro Social se expandió de 1 a 3
millones de beneficiarios, sobre una población total de 5.2 millones en la época, los que serían atendidos por
el nuevo Servicio Nacional de Salud Pública (SNS). “Tengo la íntima convicción – dijo Allende – que no
estamos en condiciones de apreciar la trascendencia de estas iniciativas en toda su magnitud. El tiempo les
dará las proyecciones que en mi visión ellas tienen, para la defensa de la raza, la protección del capital
humano y en lo que ellas significan para evitar las tremendas injusticias que derivan de la existencia en
nuestro país de diferentes estratos sociales” (Illanes-Riesco 2007).
En los mismos años, el mundo había superado la Gran Depresión y derrotado al fascismo en la Segunda
Guerra Mundial. Surgía el estado de bienestar impulsado por Roosevelt y su New Deal en los EE.UU. y
diversas formas de partidos socialdemócratas en el viejo continente. La economía mundial vivía una era de
auge que se prolongó a lo largo de cuatro décadas de forma más o menos sostenida. En Japón y varios países
del sudeste de Asía sur oriental se gestaban los procesos que los llevarían a convertirse en los futuros tigres y
dragones, guiados en todos los casos con mano de hierro por gobiernos desarrollistas conservadores.
El socialismo en la URSS mostraba éxitos impresionantes en todos los terrenos. Las revoluciones y guerras
anticoloniales y nacionales se extendían por Asia, el Medio Oriente y África, en su mayoría inspiradas en el
ideario socialista y muchas de ellas encabezadas por los comunistas. Alcanzaban a América Latina con el
triunfo de la Revolución Cubana en 1959.
Puestos a la defensiva, los EE.UU. proclamaban la Alianza para el Progreso en la región, mientras se empantanaba en la guerra de Vietnam. La juventud se rebelaba abrazando el movimiento por la paz y se ponía de moda el ideario hippie, al tiempo que los estudiantes desataban la revolución de Mayo de 1968 en las calles de París. El mundo vivía lo que Eric Hobsbawm ha denominado la época de oro de la post guerra (Hobsbawm 1995).
Al igual que todo el mundo subdesarrollado, bajo múltiples formas y matices adecuados a las muy diferentes
historias y niveles de desarrollo de cada país, América Latina abrazaba el ideario desarrollista. En marzo de
1962, la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Socio-económico para América Latina, celebrada en
Santiago, en la Universidad Técnica del Estado y organizada por la ONU, UNESCO, CEPAL, FAO, OIT y
OPS, bajo la inspiración de Prebisch, formuló el discurso de la época: “Reconocemos que estos son tiempos
urgentes, tiempos de esfuerzos y siembra. Son asimismo tiempos de desafíos y peligros. Hay una imperiosa
necesidad de dar batalla contra los inevitables aliados del desarrollo económico insuficiente: aguda pobreza,
ignorancia y desesperación. Hay una urgente necesidad de incluir a millones de habitantes de nuestro
continente lo más pronto posible en los beneficios y oportunidades ofrecidos por la educación, la cultura y el
desarrollo económico del siglo XX. Los pueblos no pueden esperar más tiempo y su insatisfacción ya no
puede ser ignorada.”
De esta manera lo que se ha denominado el Estado desarrollista de bienestar social latinoamericano se
adentraba en Chile en su época de auge. Ibáñez había terminado su segundo período presidencial derogando
la llamada Ley de Defensa de la Democracia que mantenía fuera de la ley al Partido Comunista, y
promulgando una nueva ley electoral (1957), que puso coto a la extendida práctica del cohecho, con lo cual
limitó seriamente el declinante poder de los latifundistas. El Presidente Jorge Alessandri, por su parte, quién
derrotó por un margen estrechísimo a Salvador Allende en la elección de 1958, promulgó la primera ley de
reforma agraria (1962) Dicha ley, dictada bajo presión de los EE.UU., aunque muy limitada – se la llamó la
reforma “de macetero” -, sin embargo, ayudó a despejar el camino para la reforma más avanzada aprobada
durante el gobierno siguiente.
La fase culminante del período se inició con la elección del Presidente Eduardo Frei Montalva (1964 - 1970).
Ofreció una “Revolución en Libertad,” como alternativa al programa socialista de Salvador Allende, a quién
derrotó en su tercer intento como candidato de la izquierda – había participado en la elección de 1952, y
nuevamente en 1958 como se ha mencionado -, esta vez por un amplio margen puesto que la derecha votó
masivamente por él para detener a Allende. El gobierno de Frei inició inmediatamente una gran reforma
educacional que en pocos años duplicó la matrícula – se establecieron dos jornadas en todos los
establecimientos públicos – y la entrega de alimentos escolares. Adicionalmente, la reforma mejoró los
programas de enseñanza y subió el nivel básico obligatorio de 6 a 8 años, reduciendo el ciclo secundario a
cuatro años, e introduciendo una alternativa de educación técnica en este nivel. Además, creó un sistema
nacional de admisión a las universidades basado en una prueba de aptitud académica, entre otros logros de
gran alcance.
Las universidades fueron sacudidas por un vasto proceso de reforma encabezado por los estudiantes. Se
inició en la Universidad Técnica del Estado, donde un movimiento encabezado por el presidente de la
Federación de Estudiantes, FEUT, Alejandro Yánez, que se denominó “Universidad para Todos,” logró en
pocos años duplicar la matrícula general del sistema universitario. Le siguieron otros en la Universidad
Técnica Federico Santa María y la Universidad Católica de Valparaíso.
En 1967, la Universidad Católica de Chile, hasta entonces bastión del conservadurismo, fue sacudida por una toma. La Federación de Estudiantes, FEUC, encabezada por Miguel Ángel Solar, logró la elección de autoridades progresistas y modernizar completamente los métodos y contenidos académicos de esa universidad.
En 1968, la reforma estalló en la Universidad de Chile, la más importante del país y logró asimismo democratizar el sistema de gobierno universitario y modernizar completamente los sistemas de enseñanza, además de dar un fuerte impulso a la investigación y extensión universitaria. La consigna inspiradora del movimiento fue tomada del fundador de la universidad en el siglo XIX, el insigne intelectual venezolano, Andrés Bello “Por una universidad cuyo
norte sean Chile y su pueblo.” Sus impresionantes resultados se pueden resumir en el hecho que entre 1967 y
1973 las universidades chilenas duplicaron su tamaño.
La ley de salud de 1950, que creó el SNS como se ha mencionado, fue complementada en 1952 por la Ley de
Medicina Preventiva y, en 1968, con la creación del Servicio Médico Nacional de Empleados, SERMENA,
orientado a los empleados de “cuello blanco.” Finalmente, el gobierno de Allende unificó estos servicios en
un Servicio Único de Salud. En este punto, se había logrado crear una red nacional de hospitales y
consultorios que alcanzaba todo el territorio y que era capaz de ofrecer una cobertura prácticamente universal
en varias áreas claves, como maternidad y partos, por ejemplo. En Noviembre de 1970, como primera
medida de su recién asumido gobierno, el Presidente Allende empezó a distribuir a través de esta red medio
litro de leche a todos los niños de Chile y todavía hoy todos los niños chilenos tienen este derecho – a pesar
de que durante la dictadura de Pinochet, en un breve período en que su futuro Ministro de Hacienda Hernán
Buchi ejerció como Subsecretario de Salud, se le ocurrió la brillante idea de reemplazar la leche por soya,
porque era más barata.
El sistema de pensiones, creado en 1924 como se ha mencionado, fue reformado en 1952, con la creación del
Servicio de Seguro Social (SSS). Las pensiones y beneficios relacionados fueron mejorados y ampliados
sucesivamente, a medida que nuevos contingentes de trabajadores eran incluidos en el sistema mediante
sucesivas extensiones de la cobertura del SSS, o la creación de nuevas Cajas de pensiones. Este proceso
culminó en 1973, cuando el gobierno de Allende extendió los beneficios del SSS a los trabajadores
informales, incluyendo a los campesinos, comerciantes y otros trabajadores independientes y de hecho
transformándolo en un sistema universal.
Sin embargo, la reforma de Allende no alcanzó a ponerse en práctica sino en forma muy limitada, puesto que a los pocos meses de anunciada se produjo el golpe militar.
A pesar de ello, todavía hoy muchos trabajadores independientes, numerosos taxistas, por ejemplo, son
beneficiados por este sistema. El sistema público todavía otorga pensiones a tres de cada cuatro adultos
mayores y a nueve de cada diez mayores de 70 años, que son mujeres en dos terceras partes. Los montos de
las mismas son el doble o más de las que ofrecen las AFP a personas con historias laborales similares.
Adicionalmente a su compromiso con el desarrollo económico y las políticas sociales, el Estado se tornó cada
vez más confrontacional con las oligarquías tradicionales, y el capital extranjero que dominaba los enclaves
mineros. El Estado desarrollista promovió en forma cada vez más activa y explícita un “cambio en las
estructuras económico - sociales,” como se decía en ese entonces. Mientras tanto, nutría, educaba, protegía y
fomentaba tanto a la naciente fuerza de trabajo asalariada, como al joven empresariado. Éstos, por su parte,
junto a las emergentes clases medias urbanas, constituyeron las bases principales de sustento político de la
estrategia desarrollista. Crecientemente, los campesinos se sumaban a esta alianza, a medida que empezaban
a despertar a la agitación social y política, hacia la segunda mitad de los años 1960.
Los grandes hitos de este proceso son la Ley de Sindicalización Campesina y la Ley de Reforma Agraria, aprobadas ambas en 1967, bajo la presidencia de Frei Montalva. Adicionalmente, la Ley de Nacionalización del Cobre, promulgada el 11 de agosto de 1971 con la aprobación unánime del parlamento chileno, bajo la presidencia de Salvador Allende Gossens.
Estas leyes permitieron la expropiación legal de prácticamente todas las tierras y sus aguas, todos los
minerales. Así como las principales empresas que los explotaban, exceptuándose los pequeños campos y
minas, los que no fueron expropiados. En apenas cinco años, entre 1969 y 1973, durante los últimos años del
gobierno de Frei y principalmente durante el gobierno de Allende, se llevó a cabo este proceso de forma
rápida, drástica y masiva, según las palabras de Jacques Chonchol, principal arquitecto de la reforma agraria.
No es bien conocido que estas leyes fueron cumplidas asimismo en lo fundamental – a su estilo brutal, como
se verá – por la dictadura de Pinochet. Más aún, como se argumentará, estas gigantescas transformaciones
socio-económicas realizadas por los gobiernos que llevaron la experiencia chilena del Estado desarrollista a
su clímax reformista y revolucionario, establecieron las fundaciones del acelerado desarrollo capitalista de
Chile durante las décadas siguientes.
Adicionalmente a las medidas mencionadas, el gobierno de Allende nacionalizó todo el sistema bancario y
buena parte de las grandes empresas industriales, que habían crecido al amparo de la política de sustitución
de importaciones. Algunos de sus partidarios más extremistas lograron asimismo tomar control de unas pocas
empresas medianas, y aún una que otra pequeña, incluyendo algunas parcelas agrícolas. Sin embargo, su
número resulta ridículamente pequeño para el enorme griterío que armaron entonces a este respecto los
opositores al gobierno de Allende, como se verá. Contrariamente a las medidas descritas más arriba, las que
resultaron en definitiva irreversibles, estas otras fueron inmediatamente revertidas por la dictadura de
Pinochet en la secuelas del golpe militar (Illanes-Riesco 2007).
Un aspecto de la estrategia desarrollista que no ha sido suficientemente destacado se refiere a sus iniciativas
visionarias en lo que respecta a la integración regional. La primera tuvo lugar en 1958, pero aquella que
todavía es la más ambiciosa y amplia, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, luego
ALADI), fue creada por el Tratado de Montevideo, firmado el 18 de febrero de 1960. Abarcó a todos los
principales países de AL y logró funcionar a lo largo de una década, aplicó diversas rebajas arancelarias y
estableció un Secretariado, siguiendo el modelo del Mercado Común Europeo. CEPAL, inspirada por
Prebisch, y Chile bajo la presidencia de Frei Montalva y luego Allende, fueron los principales promotores de
la iniciativa, junto a gobiernos progresistas de toda la región incluyendo hasta México en el otro extremo.
Dada la presencia de regímenes militares conservadores en Brasil y Argentina, Chile junto a Perú, Bolivia,
Ecuador, Colombia y Venezuela, firmaron el todavía más avanzado Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de
1969. Creó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como segunda mejor alternativa, trasplantando las
instituciones de ALALC, las que todavía operan allí, incluyendo el Banco Andino de Fomento (1969) y una
sede moderna y grande en Lima, entre otras instituciones, siguiendo el modelo europeo.
Figurativamente, el desarrollismo LA alcanzó su cenit el 29 de noviembre de 1971, cuando en el hermoso e
imponente auditorio circular de la sede de CEPAL en Santiago, el gran economista argentino Raúl Prebisch,
ofreció la tribuna al Presidente Fidel Castro, a la sazón de visita en Chile invitado por el gobierno de
Salvador Allende. Ante un auditorio que reunía a lo mas granado de la intelectualidad LA, autoridades de
NN.UU. y el gobierno chileno, y a todo el cuerpo diplomático, Fidel pronunció un discurso notable en el que
repasa la manera como la Cuba revolucionaria había ido cumpliendo el programa de CEPAL. Tras cada uno
de sus asertos referidos a nutrición, salud, educación, industrialización, energía, etc., así como un alegato
ferviente a favor de la integración regional, Fidel pedía la aprobación de Raúl Prebisch, sentado a su lado.
¿No es verdad, Dr. Prebisch? - preguntaba Fidel en cada ocasión - ¡Así es, Sr. Presidente! - asentía el insigne
fundador de CEPAL y principal inspirador de esta estrategia.
La derrota de la revolución determinó la temprana, extremista y prolongada, versión chilena del "Consenso de Washington"
La culminación revolucionaria de la experiencia chilena del Estado desarrollista en relación a la
transformación socioeconómica del país, será vista probablemente con el tiempo como su rasgo más
elocuente, progresista y perdurable. Constituyó la coronación de su magnífica herencia de desarrollo
económico y social en condiciones de democracia.
El impacto de estas radicales medidas sobre la futura modernización del país fue inmenso e irreversible. De otro lado, la violenta terminación de la experiencia desarrollista en 1973, iba a tener profundas consecuencias sobre las políticas económicas y sociales adoptadas en los años y décadas siguientes. Debido a este fenómeno político, el paradigma de desarrollo Neoliberal que emergía en esos momentos, iba a ser aplicado en Chile en forma pionera y extrema.
En suma, el clímax revolucionario del Estado desarrollista iba a tener repercusiones históricas de muy largo alcance.
Los militares tomaron el poder en Chile en medio de un clima político que favorecía las posiciones de la
derecha más extrema, en la medida que el imperativo inicial del nuevo gobierno era suprimir un movimiento
revolucionario de inspiración socialista. El gobierno que echaron abajo y el Presidente a quién empujaron a la
muerte, habían sido objeto de los ataques más feroces durante el curso de la revolución sobre la cual ellos
presidieron. Éstos provenían de poderosos enemigos tanto del interior del país como del extranjero.
El deseo de revancha era extendido en las clases altas chilenas, las que habían sido afectadas por años de
reformas y revolución. Se dirigía contra los partidarios de la Unidad Popular, pero se extendía asimismo
contra todos aquellos que consideraban sus cómplices y a quienes culpaban de abrirle paso a los cambios
llevados a cabo por Allende.
Asimismo, una buena parte de las capas medias llegó a compartir la rabia de las clases altas contra el
gobierno de Allende, aunque por razones bien diferentes. Principalmente, debido a su desazón y temor en
aumento, además de su creciente cansancio, frente al curso cada vez más caótico que seguían los
acontecimientos. La estrategia de la intervención estadounidense y la derecha, que crecientemente fue
asumida por el conjunto de la oposición a Allende, mantuvo como línea principal el esforzarse al máximo en
provocar y acentuar un clima de caos – se recordará que Nixon le ordenó a Kissinger que la CIA hiciera
“aullar” la economía chilena.
Contaron para ello, adicionalmente, con la ayuda inestimable de los elementos más extremistas entre los partidarios del proceso revolucionario. Éstos jugaron un papel desestabilizador, aunque éste en definitiva fue muy menor, pese a que lo actuaron con estridencia y frenesí que los medios de comunicación derechistas se refocilaban en destacar a diario. El gobierno de Allende parecía incapaz de restablecer un cierto orden, en primer lugar entre sus partidarios y luego, especialmente, frente a la cada vez más abierta insurrección derechista.
Para ponerlo en términos lisos y llanos, el odio era moneda corriente entre los que se oponían al gobierno de
Allende al momento del golpe militar. Estaba dirigido principalmente contra las ideas revolucionarias y
socialistas – y en Chile la ideología en que había devenido el desarrollismo era considerada con justeza bien
socialista y revolucionaria -, pero también contra las ideas progresistas más moderadas. Adicionalmente,
desde luego, contra todos cuantos las hubiesen sustentado, con nombre y apellido. En tal clima político, no es
de extrañar que aquellos dispuestos entonces a actuar de la manera más brutal contra Allende y sus
partidarios – empezando por el mismo Pinochet y sus secuaces al interior de las FF.AA., lograran imponerse
con facilidad entre los militares. Por el mismo motivo, tampoco es raro que los nuevos líderes militares se
apartasen de la estrategia desarrollista que las FFAA habían impulsado hasta entonces en toda América
Latina, y también en Chile.
Los nuevos jefes militares, en cambio, pronto prestaron oídos a un grupo de economistas derechistas, quienes
les presentaron un completísimo programa alternativo de desarrollo – los jefes de la Armada desde el primer
momento. Lo habían venido preparando desde el gobierno de Frei Montalva y el mismo estaba dirigido en
contra del paradigma desarrollista, al cual culpaba de la “decadencia” de Chile durante el siglo XX. Los
líderes del grupo eran vástagos de viejos terratenientes expropiados por la reforma agraria, quiénes habían
sido formados en la Universidad de Chicago. Abrazaron con fanatismo las ideas de Milton Friedman,
especialmente su rasgo anti-estado lindantes en el anarquismo burgués, y su desafiante y despiadado
contenido anti-trabajadores.
Sin embargo, aún en el caldeado clima político posterior al golpe de 1973, el programa alternativo no hubiese
tenido ninguna posibilidad de imponerse en forma duradera, si hubiese intentado cuestionar los logros
principales del período anterior, especialmente la reforma agraria y la nacionalización del cobre. Mucho
menos, si hubiera intentado revertirlos. De hecho, mantuvieron su vigencia, en lo principal, aún después del
golpe militar. En segundo lugar, demostraron cierta concordancia gruesa con la nueva estructura socioeconómica
que había emergido en Chile, como resultado principalmente de las políticas aplicadas durante el
medio siglo anterior. Finalmente, resultaron bien sincronizadas con la nueva ola de globalización que por
entonces se empezaba a desplazar por el escenario económico internacional. Las tres condiciones señaladas
fueron satisfechas por el programa de los “Chicago Boys,” especialmente las dos últimas, las que suscribían
con entusiasmo fanático, al mismo tiempo que aceptaban a regañadientes la primera, que era probablemente,
de lejos, la más importante.
Una estructura socio-económica algo más moderna había surgido ya en el país, especialmente, en la medida
que el viejo sistema agrario había sido recién abolido por la fuerza. La composición emergente demostró ser
terreno fértil para las nuevas políticas. Los más pudientes constituyeron una base política perdurable para el
nuevo paradigma de desarrollo. Estos sectores, que hoy disfrutan de una situación económica francamente
buena, todavía mantienen su fervorosa adhesión al “modelo,” aunque éste haga agua por todos lados a ojos
vista. Las nuevas elites empresariales, criadas en condiciones como las descritas, le han proporcionado un
respaldo inquebrantable. Abrazaron el ideario Neoliberal con un fervor casi religioso.
Esto no parece haber ocurrido en la misma medida en otros países, como Brasil, por ejemplo, por nombrar el
más importante. Allí, la acogida al Neoliberalismo por parte de las elites empresariales nunca fue demasiado
entusiasta. Más bien, mantuvieron allí cierto grado de adhesión al ideario desarrollista. Quizás, ello se
explique en parte, porque este último fue llevado a su culminación allá, no por gobiernos reformistas o
revolucionarios, sino por regímenes militares bien conservadores. De hecho, algunos aspectos claves del
nuevo paradigma económico, como rebajar las tarifas aduaneras, por ejemplo, fueron posibles de
implementar en Chile muy tempranamente, en buena medida, debido a que no existían ya las fuerzas sociales
y políticas conservadoras que se opusieron entonces exitosamente a dichas medidas en otros países
Latinoamericanos. Ellos habían sido barridos, en Chile, por la revolución. El espectro de la revolución, por
otra parte, hizo que los nuevos empresarios estuvieran dispuestos a aceptar los considerables sacrificios que
dichas medidas significaron para ellos mismos, al menos inicialmente.
Los escalafones superiores de las nuevas clases medias, por su parte, proporcionaron también un soporte
duradero al nuevo modelo. Éste muy pronto les proporcionó una atractiva variedad de productos y servicios –
incluyendo más adelante servicios sociales diferenciados – que ellos estaban en condiciones de pagar. Y
estos sectores se encontraron bien pronto en muy buena situación, puesto que rápidamente se embolsaron la
parte del león del ingreso nacional. Conformaron la base de un bloque en el poder que ha logrado sobrevivir
a la dictadura y aún mantiene un control decisivo sobre los asuntos nacionales. Sin embargo, deben su
existencia y sostienen su actividad y poder económico sobre las espaldas del otro actor social surgido de todo
este proceso, - de muy lejos el más masivo y determinante - los millones de trabajadores, en su mayoría
urbanos, que constantemente entran y salen de trabajos asalariados muy precarios.
De este modo, el éxito radical del desarrollismo en transformar la vieja estructura social, de algún modo
parece haber creado a sus propios enterradores.
El período posterior al golpe de 1973 se divide a su vez en dos etapas muy diferentes. Sólo la dictadura de
Pinochet y sus asesores los “Chicago Boys” hicieron gala de su adhesión a la escuela neoliberal. La segunda
transcurre, en cambio, bajo la conducción de gobiernos democráticos, cuyos dirigentes e inclusos sus
economistas por regla general se declararon más bien críticos a ese tipo de formulaciones.
Por otra parte, es un hecho que mantuvieron en lo fundamental los lineamientos estratégicos del período en
su conjunto. Principalmente, el énfasis unilateral en crear las mejores condiciones posibles para el desarrollo
de los mercados y los negocios en un contexto de apertura indiscriminada al comercio e inversión extranjeras
- la cual durante este lapso volvió a apoderarse de la mayor parte de las riquezas naturales. Con el
distorsionado sesgo adicional de estimar necesaria y conveniente la contención tanto de la injerencia del
Estado como de las demandas sociales.
Ciertamente, el sesgo aludido se ha refrenado en relación al extremismo de los “Chicago Boys.” De este
modo, durante esta fase, la segunda de las grandes estrategias de desarrollo ha adquirido en Chile contornos
cada vez más moderados, similares en cierta medida a los que ha adoptado en otros países de la región. Sin
embargo, esta orientación se ha continuado evidenciando, siendo asimismo significativa en el ámbito de las
políticas sociales. Por este motivo, parece justificado considerar a todo el período posterior al golpe militar
como conformando una misma estrategia, que en América Latina ha recibido la denominación del "Consenso
de Washington."
No es éste el espacio para analizar en detalle este período, cuyos supuestos éxitos han sido proclamados con
bombos y platillos por todo el mundo a lo largo de más de tres décadas, y cuya crítica ha constituido y
constituye buena parte de la labor de este autor y CENDA, la institución donde trabaja. Interesa acá, por el
contrario, resaltar el período que lo precedió, el que ha sido en cambio demonizado a lo largo de todo este
tiempo.
Sin embargo, hay que constatar que hacia fines del siglo pasado, la segunda estrategia sería adoptada de uno
u otro modo por todos los países que conformaron el mundo subdesarrollado del siglo XX. Lo que resultó
más sorprendente fue que sería asumida asimismo por casi todos aquellos que conformaron entonces el
campo socialista. Como enseña el materialismo histórico, un fenómeno tal, cuyas dimensiones abarcaron a
buena parte de la población del planeta, no se puede explicar sino por razones muy profundas, ligadas a la
evolución de la estructura socio-económica. Muy posiblemente, en todos los casos, al igual que en Chile, la
estrategia anterior había creado las condiciones para su surgimiento.
En otras palabras, el éxito del desarrollismo - bajo todas las muy diversas expresiones que adoptó en el mundo del siglo XX - en su doble tarea de progreso económico y social, puede haber creado las bases para su propia obsolescencia.
La nueva estrategia, sin embargo, adoptó formas que han sido asimismo muy distintas unas de otras, tal como
ocurrió con la anterior. Adicionalmente, el tránsito de una a otra se ha efectuado en algunos países de un
modo relativamente gradual y controlado, sin grandes destrucciones de la obra del período anterior. En otros,
en cambio, ha significado trastornos muy dolorosos. La forma que adoptó en Chile - determinada, como se ha
insistido, por su origen en un golpe militar contra-revolucionario -, resultarían una de las más extremas y
dañinas de todas.
Ahora, cuando a su turno parece haber entrado en declinación definitiva (Ffrench-Davis et al 2007), es quizás
el momento de evaluar los resultados del período anterior en su conjunto 4 , y de cada uno de los modelos que
lo componen. Como se puede apreciar en lo que sigue, de dicha comparación surge en toda su fuerza la
inmensa obra progresista del desarrollismo, varias de cuyas ideas centrales en la actualidad inspiran la nueva
estrategia que parece emerger.
Resultados de las estrategias el Estado a lo largo de un siglo
Las dos grandes estrategias del Estado durante el siglo pasado marcan contrastes entre sí que no pueden ser más violentos. Sin embargo, el fenómeno que transcurre en trasfondo de ambas les imprime asimismo significativos aspectos de continuidad. Los campesinos tradicionales se han extinguido en buena medida. Su dolorosa transformación en precarios asalariados urbanos constituye la principal epopeya del siglo.
La población se multiplicó por cuatro desde 1929, alcanzando 16,4 millones el 2006. Sin embargo, la
población rural permaneció estancada en los mismos 2,2 millones de entonces, al tiempo que su proporción
se ha reducido al 13% en el 2006. Mientras tanto, los habitantes de las cinco principales ciudades se
multiplicaban más de seis veces y los de Santiago más de siete. Adicionalmente, quienes hoy viven en el campo son bien diferentes a los de entonces, de hecho, como se verá, la mayoría son asalariados precarios.
Medida entre 1929, 1971 y 2006, años de auge en los respectivos ciclos económicos, la producción
manufacturera creció rápidamente durante el desarrollismo (4.3% de promedio anual entre 1929 y 1971) y a
ritmo menor durante el período siguiente (2.5% de promedio anual entre 1971 y 2006). Como era de
esperarse, el comercio exterior creció más con el consenso de Washington que con la estrategia anterior, que
ha recibido también el nombre de sustitución de importaciones. Las exportaciones representan el 40% del
producto interno bruto (PIB) en 2006; sin embargo, los principales rubros continúan siendo materias primas
escasamente elaboradas (cobre, fruta, vino, pescado, productos forestales), lo que es apreciado como una
importante debilidad.
El PIB ha crecido casi catorce veces entre 1929 y 2006. Ello se debe en parte a que el producto por trabajador
se ha triplicado. Sin embargo, la razón principal es que la fuerza de trabajo se ha casi quintuplicado. De este
modo, el número de personas en disposición a contratarse creció bastante más que la población, debido
principalmente a que las mujeres trabajadoras aumentaron más de ocho veces.
Sin embargo, el comportamiento de ambos factores difiere sustancialmente en los sucesivos períodos
estratégicos. Resulta sorprendente comprobar que el crecimiento económico durante el período desarrollista
(3,1% anual promedio) se explica en mayor medida por el incremento intensivo de la productividad (1,6%
anual) 6. En cambio, ésta aumenta a menor ritmo durante el consenso de Washington (1,2% anual). Por su
parte, el aumento apenas algo más dinámico del PIB alcanzado durante el consenso de Washington (3,8%
anual), se explica principalmente por el crecimiento numérico de la fuerza de trabajo. Éste, era moderado
durante el desarrollismo (1,5% anual), sin embargo, se dispara (2,6% anual) en el segundo período,
principalmente debido a la masiva incorporación de las mujeres (3,9% anual) (Cuadro anexo 2). Es decir, el
“milagroso” crecimiento del PIB durante el segundo período resulta en promedio muy poco superior al del
logrado por el desarrollismo – a pesar que el primero incluye la Gran Depresión -, y se explica principalmente ¡por la incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo!
Este fenómeno es de gran significación. En parte puede deberse a que el grueso de la migración de los
campesinos transcurre durante el primer período, mientras la incorporación de las mujeres se acelera durante
el segundo. Mientras los primeros permanecían en su condición tradicional, su número se contabilizaba en la fuerza de trabajo pero su producto se destinaba en buena parte al consumo propio o de los hacendados y no se reflejaba en el PIB. Al migrar a la ciudad su trabajo se destina en medida mucho mayor a producir mercancías, ya sean bienes o servicios, que sí se reflejan en el PIB, mientras no se afecta la magnitud de la fuerza de trabajo.
De este modo, la productividad promedio crece considerablemente. En el caso de las dueñas de casa, en cambio, su incorporación a la fuerza de trabajo incrementa tanto su número como el valor producido. Es decir, aumentan simultáneamente el denominador y el numerador de la productividad, y su magnitud no cambia apreciablemente.
Adicionalmente, como es sabido, la teoría económica muestra que el incremento de la productividad depende
de modo principal del aumento en la calificación de la fuerza de trabajo, el cual se relaciona con su nivel
sanitario y educacional. De este modo, el rápido incremento de la productividad durante el desarrollismo se
puede explicar asimismo por el extraordinario esfuerzo realizado por el Estado para mejorar la salubridad y
educación de la fuerza de trabajo. Éste fue descuidado, en cambio, durante el segundo período, especialmente
bajo la dictadura, como se verá.
La fuerza de trabajo chilena actual presenta sorpresas no menores, que trastocan completamente arraigadas
concepciones al respecto. La misma ha crecido enormemente, como se destacado, y aparece conformada en
su abrumadora mayoría por asalariados, principalmente urbanos, con empleos altamente precarios, que rotan
constantemente entre el trabajo formal e informal, y en el caso de las mujeres entre la participación y la
inactividad.
De este modo, en un instante dado, cerca de un tercio aparece con empleos informales, mientras
generalmente uno de cada diez están desocupados en el caso de los hombres, mientras casi un tercio de las
mujeres trabajadoras aparece como inactivas. Sin embargo, casi todos y todas transitan constantemente entre
estas categorías. No más de uno de cada diez mantienen empleos asalariados a lo largo del tiempo, y menos
de cinco en cada cien son trabajadores por cuenta propia asimismo estables.
La moderna fuerza de trabajo chilena no se ha conformado de este modo de la noche a la mañana. Es largo el
camino recorrido desde 1930, año en el cual el censo de población comprobó que por primera vez los
habitantes de ciudades y pueblos lograron igualar el número de campesinos. En ese momento, la relación
laboral predominante era el inquilinaje, algunas de cuyas formas se extendían de cierta manera a las oficinas
y campamentos mineros, donde los campesinos eran arrastrados mediante un procedimiento más o menos
forzoso denominado “enganche” a enclaves donde las empresas los proveían de todo, al igual que en las
haciendas (Illanes – Riesco 2007).
La crisis de 1930 provocó el primer gran remezón en el régimen laboral tradicional. En poco más de dos
años, expulsó a cinco de cada seis trabajadores de las salitreras, que constituían, de lejos, la mayor
concentración obrera de entonces (Illanes-Riesco 2007)7. Paralelamente, la migración campesina se aceleró
hasta alcanzar un ritmo máximo a mediados del siglo y mantuvo un ritmo muy rápido hasta los años 1980,
para luego empezar declinar. El segundo gran remezón fueron las expulsiones masivas de
campesinos posteriores al golpe de 1973. 8
Por otra parte, el proceso de privatizaciones y desmantelamiento del servicio público civil en general y
especialmente de los servicios sociales, incidieron significativamente en la conformación de la estructura de
empleo actual. Las estadísticas de CEPAL constatan que la proporción de funcionarios del Estado se redujo
del 20% al 10% de la fuerza de trabajo, aproximadamente. Los fenómenos anteriores se vieron reforzados
por la severa crisis económica de 1981-85, durante la cual la cesantía alcanzó a cerca de uno de cada tres
miembros de la fuerza de trabajo, si se incluyen los programas de empleo de emergencia. La crisis significó
grandes desplazamientos de la fuerza de trabajo (Illanes-Riesco 2007).
Las cifras muestran que la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso ha corrido a parejas
con su influencia en la sociedad. Ambos han variado de manera dramática a lo largo del siglo. El golpe
militar, como se sabe, significó una discontinuidad violenta en lo que respecta al poder e influencia de los
trabajadores, que todavía no se recupera .
Los resultados de los cambios señalados en el sistema de relaciones laborales y la estructura del empleo son
impactantes en lo que se refiere a las políticas salariales, participación del factor trabajo en la renta nacional,
y consecuentemente sobre la distribución del ingreso. Si se considera el período estudiado en su conjunto,
desde 1929 al 2006 las remuneraciones reales promedio, se multiplicaron más de cuatro veces.
Sin embargo, el mejoramiento tuvo lugar exclusivamente durante el período desarrollista. Al contrario, se recortaron
brutalmente tras el golpe de Estado, lo que apenas ha logrado ser compensado con su recuperación posterior
a 1990. La política de los gobiernos democráticos en materia de remuneraciones ha sido en general conservadora. Ha formulado el objetivo explícito de mantener los incrementos salariales reales por debajo del incremento en la productividad del trabajo, lo cual implica necesariamente un deterioro en la participación del factor trabajo en el producto. El promedio general de salarios de todos los trabajadores del país recuperó su nivel anterior al golpe recién en diciembre de 1999, mientras varios sectores como el profesorado todavía están por debajo de aquel.
El índice de sueldos y salarios reales del 2006 se encuentra sólo un 20% por encima del nivel que alcanzó más de tres décadas atrás.
El pago al factor trabajo considerado en su conjunto creció más de 20 veces desde 1929 - medido como el
aumento en remuneraciones multiplicado por el que experimentó la fuerza de trabajo. Durante el
desarrollismo, ello se debió principalmente al crecimiento rápido de las remuneraciones promedio (+3,1%
anual), como asimismo al más moderado de la fuerza de trabajo (+1,6% anual). Durante el consenso de
Washington, por el contrario, ello se originó en el crecimiento muy rápido de esta última (+2,6% anual), el
que compensó en parte la fuerte caída salarial durante la primera década de dictadura (-2,0% anual) y su
estancamiento en el período en su conjunto (+0,5% anual). El detrimento de las remuneraciones fue tan
severo, que el crecimiento del pago al factor trabajo (3,2% anual) fue inferior al crecimiento del PIB (3,8%
anual), a pesar del rapidísimo incremento de la fuerza de trabajo .
En los años de culminación del período desarrollista, el avance del factor trabajo en el ingreso fue extraordinario. En el ciclo económico 1958-1971, el PIB creció a un ritmo anual record (4,1% anual promedio), sin embargo, el pago al factor trabajo creció todavía mucho más rápido (7,2% anual), impulsado principalmente por el incremento de remuneraciones, que fue extraordinario durante esos años (5,8% anual)
El aumento del pago al factor trabajo relativo al PIB es – de lejos - el factor que más incide en la distribución
del ingreso. De este modo, las cifras expuestas demuestran de modo fehaciente que la distribución del
ingreso en Chile ha experimentado cambios muy grandes a lo largo del siglo.
Recapitulando, entre 1929 y 2006, el PIB se multiplica catorce veces mientras el pago al trabajo lo hace veinte veces. Es decir, hay un mejoramiento significativo de su participación en el ingreso. Sin embargo, éste se verifica sólo durante el período desarrollista, cuando el PIB se multiplica por 3,7 mientras el pago al factor trabajo se multiplica por
6,8. En cambio, durante el consenso de Washington, mientras el PIB se vuelve a multiplicar por 3,7 el pago
al trabajo solo se multiplica por 3,0 lo que implica un retroceso relativo significativo.
Estas cifras contradicen tajantemente un reciente estudio del Banco Mundial (De Ferranti et al 2004), que
argumenta que la desigualdad en América Latina sería un problema secular sin muchas variaciones desde
tiempos coloniales, y que no ha sido afectada negativamente por las políticas del consenso de Washington.
Al menos en Chile no fue así.
En el caso chileno la acción del Estado y especialmente sus políticas sociales lograron avances bien notables,
que persisten hasta hoy a pesar de su relativo desmantelamiento por la forma extrema que adoptó en este país
el llamado consenso de Washington. Entre 1929 y 2006, mientras el PIB se multiplicó catorce veces como se
ha visto, el gasto público aumentó casi treinta veces y el gasto social se multiplicó por más de cien. El
crecimiento mayor fue en educación y especialmente en salud. El balance fiscal de pensiones dejaba un
excedente hasta 1981, sin embargo, tras la privatización de las contribuciones a la seguridad social, su déficit
absorbe buena parte del gasto público social, capturando buena parte de la recuperación del mismo posterior
a 1990.
Sin embargo, casi todas las realizaciones de las políticas sociales tienen lugar durante el desarrollismo,
mientras las mismas se desmantelan durante la dictadura, y se estancan en el consenso de Washington
considerado como un todo. El incremento del gasto público social durante el primer período casi duplica al
del PIB, mientras en el segundo crece significativamente menos que este último. El ritmo anual de
crecimiento del gasto en educación y salud es más del doble durante el primer período en relación al
segundo. De este modo, mientras durante el desarrollismo se verificó un incremento sostenido de la
participación del gasto público social en el PIB, lo contrario se verificó durante el segundo período
considerado en su conjunto.
Por otra parte, durante el desarrollismo se crearon sistemas públicos de tipo universal que alcanzaron una
extraordinaria cobertura. Durante el período siguiente, en cambio, se desmantelaron significativamente los
sistemas públicos y se buscó la privatización de los mismos, la cual se logró en buena medida en pensiones y
educación, aunque mucho menos en salud. Por otra parte, se abandonó la concepción universal para enfatizar
la focalización de un reducido gasto público en los sectores más pobres. Ello se aprecia con claridad en los
casos de educación y previsión y explica su crisis actual.
El Presidente Mártir será emblema de la época que emerge en América Latina
El Presidente Allende fue un héroe trágico. El gobierno de la Unidad Popular albergó en sus entrañas la
grandeza y el error 12 que constituyen la esencia de todas las tragedias clásicas. La primera debe ser siempre
remarcada, al menos hasta que sea reconocida oficialmente por la nación chilena en las dimensiones
históricas que se merece. Como se ha expuesto, los acontecimientos que tuvieron lugar en Chile por esos
años fueron la culminación de un proceso que se desenvolvió con fuerza creciente a lo largo de medio siglo,
empujado desde abajo por las fuerzas populares y de una u otra manera por todos los gobiernos del período.
Su culminación en la revolución encabezada por el gobierno de la Unidad Popular estableció de manera
irreversible las bases del Chile moderno.
Todo lo que sobrevino después, hasta el día de hoy, está determinado por los sucesos de esos años.
La gigantesca obra realizada por ese proceso, en apenas unos pocos años, sólo podía llevarse a cabo de la
forma radical en que fue hecha. A la manera revolucionaria en que se efectuó. Con toda su efectividad, sin
embargo, la revolución chilena transcurrió en lo principal en forma legal, con pleno respeto por las libertades
públicas, fue bien escrupulosamente legal y notablemente ordenada y pacífica, si se toman en cuenta sus
formidables dimensiones históricas. Ello le ganó a este proceso que tuvo lugar en un país muy pequeño y
ubicado en el borde mismo del mundo, un lugar destacado entre las revoluciones modernas. En virtud de esta
singular proeza, el pueblo de Chile y el Presidente Allende lograron un espacio imperecedero de cariño y
respeto en el corazón de millones de seres humanos en todo el planeta.
En la actualidad, se aprecian en América Latina expresiones inequívocas del surgimiento de una nueva
estrategia de desarrollo, en una dirección que se aleja del predominio hegemónico neo-liberal. En la región
está surgiendo la que posiblemente será una de las grandes potencias económicas del siglo que se inicia.
Conscientes de la necesidad de construir un espacio mayor que aspire a tener soberanía en el marco de
bloques económicos gigantescos a nivel mundial, la estrategia de los mayores países de América del Sur,
Brasil y Argentina, se ha orientado de manera sistemática en el curso de la última década a su construcción.
Al mismo tiempo han logrado plegar a dicha estrategia a otros países en un proceso complejo, en que
persisten las convulsiones propias de fases más tempranas de su desarrollo económico-social. No puede
descartarse que la otra potencia subregional, México, pueda en su momento optar por un camino similar.
Los lineamientos generales de la estrategia emergente no son diferentes en muchos sentidos a los seguidos
por Europa y los propios EE.UU. durante buena parte del siglo XX. Consisten en generar grandes programas
estatales de desarrollo, los que al mismo tiempo fortalecen al conjunto del empresariado que ahora los ejecuta
en su mayor parte, y que tienden a dotar el espacio económico de una infraestructura moderna de energía,
comunicaciones, transporte, ciencia y tecnología, mientras al mismo tiempo impulsan industrias como la
aeroespacial y defensa, entre otras.
Ello permitirá a América Latina alcanzar un grado de soberanía capaz de contar con una política independiente en relación a los bloques establecidos y otros emergentes. Al mismo tiempo, mediante la construcción de un moderno Estado de bienestar, ofrecer un nuevo trato a su población, especialmente a los nuevos sectores medios asalariados urbanos, que se constituyen en fuerza gravitante y ejercen creciente nivel de influencia en la conducción del Estado.
Mientras tanto, la potencia hegemónica del norte lleva a cabo una estrategia de bloqueo o retraso, en cuanto
sea posible, del surgimiento de economías que a futuro puedan llegar a ser rivales potenciales. En el caso de
la región, desarrolla una política contraria a la integración subregional, tendiente a la subordinación
individual de cada uno de los países, integrándolos en un bloque económico controlado por ella misma. Ha
contado en buena medida con el apoyo de la política exterior seguida por los gobiernos chilenos hasta el
momento. Sin embargo, se manifiestan también en Chile los actores poderosos que impulsan el proceso de
integración, entre los cuales destacan las burocracias civiles y militares de los principales países y el
empresariado que hace inversión directa fuera de las fronteras. El proceso cuenta asimismo con la simpatía
de la Unión Europea, entre otros actores internacionales de significación. Como ha sido la experiencia de esta
última, las transferencias de recursos hacia los países y regiones más pobres, algunas políticas sociales a
nivel regional, y el reconocimiento universal de derechos, pueden constituirse en instrumentos importantes
para lograr una mayor adhesión al proceso por parte de los ciudadanos de los respetivos países.
Desde su muerte ha transcurrido un tercio del siglo corrido desde su nacimiento.
Finalmente, parecen deshilvanarse los amarres de un proceso de transición a la democracia que ha durado más que la dictadura que vino a reemplazar. Chile parece encaminarse a restablecer una democracia plena que permita realinear las fuerzas políticas y sociales que sean capaces de integrarlo de modo pleno en el proceso que nace.
Cuando ello ocurra, el nombre de Salvador Allende y todo lo que simboliza ocuparán el sitial que les corresponde en la historia de Chile y América Latina.
El mismo que hoy ocupa en el corazón de sus pueblos.
por Carlos Peña
Visto a la distancia, el Chile de los sesenta resulta inverosímil. Para advertirlo basta un dato: cuatro de cada diez jóvenes chilenos lograban ingresar entonces al liceo y apenas un puñado de ellos conseguía terminar el ciclo de la enseñanza secundaria. De éstos, por su parte, un ínfimo puñado logra hacerse de un cupo en la universidad: menos de cinco por cada cien. Los pingüinos -los escolares como multitud- entonces no se conocían. Casi ninguno había alcanzado siquiera a pisar un colegio.
Y eso que sucedía en educación, ocurría también en salud y en vivienda.
En una palabra, la desigualdad de la que hoy día -con razón- nos quejamos no existía. Había algo aún peor: exclusión. Grandes sectores de la sociedad puestos al margen del sistema productivo, de la industria cultural, del sistema escolar.
En suma, la estructura productiva era incapaz de incorporar a amplios sectores.
Al lado de ella, sin embargo, según sugirió alguna vez Aníbal Pinto, había un sistema político incluyente y amplio que estimulaba las expectativas de todos.
Es lo que salta a la vista cuando uno se detiene a mirar los rastros y las huellas de esa época. Multitudes cuya pobreza parece entrar en contradicción con el carácter de sujetos colectivos, que, al mismo tiempo, son capaces de exhibir. Como si en el Chile de los setenta el reino de la necesidad fuera a parejas con el de la libertad. Como si el programa de Hegel -la masa convertida en sujeto- se hubiera cumplido de una vez por todas.
Esa es la escena a principios de la segunda mitad del siglo pasado. Una estructura productiva que dejaba al margen a grandes mayorías, y un sistema político, que, en cambio, las incluía y les permitía expresar sus demandas. Una estructura de producción que rehusaba a muchos incluso la condición de explotados, pero que concedía a todos la condición de sujetos partícipes de un destino común.
Es en medio de esa escena -esa contradicción- que se forja la figura final de Salvador Allende.
Él pensó que era posible modificar de manera radical esa estructura productiva sin sacrificar un ápice las rutinas, demasiado expansivas, del proceso político. Hacer cambios, que en otras partes se habían logrado a sangre y fuego, a punta de votos. En una palabra, transitar al socialismo, la igualdad en su máxima expresión, con las armas de la democracia. Todo un desafío: hacer algo que los clásicos del marxismo -fieles a una teoría violenta de la historia- habían rechazado una y otra vez. Fue la revolución de las empanadas y del vino tinto.
Al perseguir ese objetivo en apariencia insensato, Allende mostraba las características de un político de excepción, capaz de adherir, con el mismo énfasis y pareja sinceridad, a objetivos en apariencia inconsistentes: el logro de la igualdad en su máximo nivel y, a la vez, el respeto por la diferencia que exige la democracia. Él representó -mirado a la distancia no es poco- una radical voluntad de cambio con una insobornable voluntad democrática. Se apegó a las rutinas, a los modales y a las costumbres de la democracia con el mismo entusiasmo con que abrazó el deseo de igualdad para las mayorías entonces excluidas.
Un político capaz de dejarse llevar por esas ideas, que sabemos opuestas, y usarlas para seducir a otros, es una muestra de voluntad excepcional, una voluntad que sólo tienen los santos y los héroes. Una voluntad que hoy -cuando la política o se confunde con el narcisismo o con un trabajo alimenticio- parece una rareza.
Allende quemó así los últimos cartuchos del estado de compromiso que rigió los destinos de Chile entre el año 1932 y 1973: un arreglo social en el que las capas medias se hacían del Estado y arbitraban, mediante múltiples mecanismos -que iban desde el cabildeo en los pasillos del Congreso a la negociación en La Moneda- los conflictos sociales.
Allende fue, al mismo tiempo, la culminación de ese estado de compromiso y la entrada en el umbral de su fracaso. Como él dijo, con la lucidez de los condenados a muerte, se trataba de un tránsito histórico.
Y enfrentado a él pagó con su vida.
Hay varias formas de empalidecer la figura de Allende y se han ensayado casi todas. A su preocupación por la igualdad, se opone su frivolidad de burgués insustancial; a su riguroso apego a la democracia, su apoyo a los movimientos insurreccionales; a la expansión del consumo que alcanzó su gobierno, la escasez dramática que padeció el tercer año; a la valentía de sus horas finales, la amargura del suicidio; a la conciencia histórica que exhibió, el narcisismo de sus relaciones privadas.
Todos esos intentos son pueriles -no hay un gran hombre que a la mirada del burgués no parezca un amasijo de contradicciones- y ninguno de ellos logrará hacer olvidar que Allende dejó la valla a una altura que ninguno de sus contemporáneos, ni nadie hoy día, alcanza.
Ni de lejos.
